Esta mañana, 4 de febrero, he leído una noticia en la prensa digital alemana que me ha dejado con los ojos a cuadros: el Vaticano confirmaba la expulsión de un parlamentario de Alternativa para Alemania (AfD) –los hermanos políticos de Vox– de una junta administrativa de la Iglesia católica en la diócesis de Tréveris porque “los partidos de extrema derecha no pueden ser un lugar de actividad política para nosotros, los cristianos”.
Esta decisión había sido adoptada, antes de verano de 2025, por el vicario general de dicha diócesis en contra de la presencia de Christoph Schaufert en un Consejo de administración parroquial y en aplicación del acuerdo adoptado por la Conferencia Episcopal Alemana contra el nacionalismo racista y xenófobo. El vicepresidente de Alternativa para Alemania en el Parlamento del Estado federal presentó un recurso contra su expulsión ante el obispo de la diócesis, indicando que, a él, personalmente, no se le podía acusar de nada. El prelado, Stephan Ackermann, confirmó su expulsión: entendía que debía haberse “distanciado” de unos postulados y de una militancia en la ultraderecha por ser “incompatibles con ejercer cargos” en el seno de la Iglesia.
Pero el parlamentario de Alternativa para Alemania (AfD) no se dio por vencido y, sabiendo que en la resolución de su caso estaba en juego un buen puñado de votos católicos, recurrió al Dicasterio vaticano, responsable de las apelaciones. Este organismo vaticano anunció, a finales de enero, que se mantenía –porque era legal– la exclusión y destitución de este miembro de Alternativa para Alemania (AfD.
He aquí la contextualización de la noticia que, sorprendido, he leído esta mañana. Es cierto que Christoph Schaufert tiene un plazo de 60 días para apelar ante la Signatura Apostólica, el máximo tribunal administrativo de la Iglesia, pero también lo es que, dada su intención de abandonar el catolicismo, parece improbable que recurra a esta nueva y posible instancia.
Más allá de estos vericuetos jurídicos, queda claro que el criterio y el procedimiento seguido por la diócesis de Tréveris es todo un éxito para otras que están destituyendo de sus instituciones a extremistas por estar afiliados a grupos racistas, misántropos, xenófobos o contrarios a la concepción cristiana de la humanidad. Sin embargo, no creo que esté de más recordar que el modo habitual de proceder de los departamentos vaticanos, así como de la jerarquía eclesiástica, es el que da por buena la concepción absolutista y monárquica de entender y ejercer el poder.
Tampoco se puede obviar que tales concepción y ejercicio del poder se siguen prestando –como así sucede todavía– a descontroladas arbitrariedades que a más de un obispo –que yo sepa, al menos, a uno de los del País Vasco– le ha costado algún que otro monitum o toque de atención de las correspondientes instancias vaticanas, pero por un problema de injerencia competencial…
Dejando para otra ocasión este asunto, es incuestionable que los católicos y la gente de buena voluntad contamos, desde esta mañana, con una excelente noticia: no tanto por el procedimiento que se suele seguir, sino por el criterio aplicado e, indudablemente defendido por la diócesis de Tréveris y por todas las alemanas: “Fui extranjero y me acogisteis”.
Tal criterio, propuesto por Jesús de Nazaret en el monte de las Bienaventuranzas y en la parábola del Juicio final, atraviesa –de principio a fin– toda la historia de la Iglesia; no así, la de la jerarquía eclesiástica, más ocupada, por desgracia, y salvo alguna excepción, en salvaguardar su “poder” que por atender este punto capital en el programa de los seguidores del Nazareno y por apoyar su implementación.
Siendo esta la situación, hace unos meses, propuse a los obispos españoles que procedieran con Vox de manera parecida a como lo habían hecho –y estaban haciendo– sus colegas alemanes, es decir, que acordaran apartar a sus militantes –por pura coherencia evangélica– de las diferentes instituciones eclesiales en las que pudieran estar. Y que no tuvieran miedo a abrir los oportunos debates y necesarias clarificaciones en los respectivos órganos de gobierno y decisión eclesiales.
Ahora, pasados unos meses desde aquella propuesta y vistos los chirriantes comentarios sobre la regularización de los migrantes, tanto de monseñor Jc, arzobispo de Oviedo (es una decisión “populista y demagógica”) como de monseñor J. I. Munilla, obispo de Orihuela-Alicante (es “una estrategia para conseguir otros fines”), añado a ella una nueva: ¿van a permanecer callados como colectivo?
Espero que apoyen, como Conferencia Episcopal, las posiciones defendidas, entre otros, por los arzobispos de Pamplona, Toledo, Tarragona, Sevilla y Valladolid, y que pongan en su sitio los exabruptos de estos dos monseñores. A ver si, en esta ocasión, suena la flauta y podemos escuchar –de manera coral e históricamente encarnado– el programa del Nazareno sobre los parias y los últimos del mundo. Me gustaría que no tardaran mucho, pero me temo que tendré que seguir esperando…
